La Corte Internacional de Justicia (CIJ) continúa esta semana con las audiencias que buscan definir el alcance de las obligaciones de Israel como potencia ocupante en la Franja de Gaza. En medio del creciente clamor internacional por un cese al asedio y la entrada urgente de ayuda humanitaria, la postura adoptada por Estados Unidos ha generado preocupación y críticas por su aparente respaldo implícito a las restricciones impuestas por Israel.
Durante el tercer día de audiencias, Josh Simmons, representante del Departamento de Estado de EE.UU., aseguró que Israel “no tiene obligación de cooperar con la UNRWA”, la agencia de la ONU encargada del auxilio a los refugiados palestinos, a pesar de que miles de civiles dependen exclusivamente de esta ayuda para sobrevivir. Este posicionamiento contrasta con el artículo 59 del Cuarto Convenio de Ginebra, que obliga a la potencia ocupante a facilitar la entrada de asistencia cuando la población no está suficientemente abastecida.
La postura estadounidense, que se ampara en interpretaciones flexibles del derecho internacional, representa una peligrosa permisividad ante las acciones de Israel, cuyo bloqueo sobre Gaza ha llegado ya a los 60 días sin permitir el ingreso de alimentos, agua o medicinas. Las consecuencias son devastadoras: según cifras de la ONU, más de 52.000 palestinos han muerto desde el 7 de octubre de 2023, y el Programa Mundial de Alimentos advierte que todas sus panaderías en Gaza han cesado operaciones, mientras se agotan los últimos suministros.
El argumento de seguridad nacional y la supuesta parcialidad de la UNRWA son utilizados por Israel, y ahora reforzados por su aliado estadounidense, como justificación para negar la entrada de ayuda esencial. Sin embargo, los principios del derecho humanitario no pueden ser suspendidos por sospechas ni por objetivos militares. La protección de la vida civil debe prevalecer sobre los cálculos estratégicos, especialmente en un contexto donde Naciones Unidas alerta de una “hambruna a gran escala” en desarrollo.
Lo que se observa no es simplemente una estrategia militar: es un cerco prolongado que pone en peligro la existencia misma de la población palestina en Gaza. La comunidad internacional debe dejar de tratar a Israel como una excepción a las normas internacionales. Si bien los ataques del 7 de octubre fueron trágicos, no pueden justificar una campaña de castigo colectivo prolongada sobre más de dos millones de civiles atrapados en un enclave sin salidas, alimentos ni refugios seguros.
Estados Unidos, al ejercer su derecho a veto en el Consejo de Seguridad y al relativizar las obligaciones de Israel, corre el riesgo de convertirse en un cómplice silencioso de una tragedia humanitaria sin precedentes. Mientras miles de niños y familias se ven forzados a huir una y otra vez, la ayuda humanitaria no puede ser tratada como un privilegio opcional, sino como un derecho urgente y vital.
Es hora de que la comunidad internacional, incluido EE.UU., ejerza una presión firme y coordinada para que Israel cumpla con sus obligaciones internacionales, permita el ingreso inmediato de asistencia humanitaria y cese su asedio indiscriminado sobre Gaza y zonas aledañas. No hacerlo sería aceptar, por omisión, la continuidad de una catástrofe humanitaria que la historia difícilmente olvidará.
