La Corte Penal Internacional (CPI), instituida por el Estatuto de Roma(1998), representa un hito en la búsqueda de la justicia internacional. Concebida como un tribunal de última instancia para enjuiciar a los autores de los crímenes más graves de trascendencia internacional, la CPI ha sido un faro de esperanza para las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Sin embargo, este tribunal independiente e imparcial se enfrenta a una constante amenaza: las presiones políticas que hoy surgen desde Rusia e Israel, desde que el año 2023 se emitieran las órdenes de arresto contra Vladimir Putin. Recientemente el día 21 de Noviembre del 2024 se emitieron órdenes de arresto en contra de Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Guerra y al jefe militar de Hamas. Lo que ocasionó declaraciones públicas del actual Gobierno de Israel y del futuro gabinete de Donald Trump presidente electo de EE.UU en orden a amenazar con sanciones al Fiscal y Jueces de la Corte. Una triste injerencia que demuestra la mentalidad colonial de dichos estados.
El Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, establece un marco jurídico sólido para la persecución de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional. El principio de complementariedad, por ejemplo, garantiza que la Corte sólo interviene cuando los sistemas judiciales nacionales son incapaces o no dispuestos a investigar o enjuiciar dichos crímenes. Este principio busca evitar la intromisión en los asuntos internos de los Estados, pero también asegura que los perpetradores no queden impunes.
No obstante, el carácter político de muchos de los casos que llegan a la CPI la convierte en un blanco fácil de las presiones ejercidas por Estados poderosos o por grupos de interés con agendas particulares. Estas presiones pueden manifestarse de diversas formas: desde la negativa a cooperar con la Corte, pasando por la intimidación de testigos y jueces, hasta la manipulación de la opinión pública. No olvidemos que la antigua administración de Donald Truman sancionó a la anterior Fiscal Fatou Bensouda con la prohibición de ingresar a EE.UU y congelamiento de sus cuentas bancarias por el solo hecho de investigar a militares del ejército de EEUU por crímenes cometidos en Afganistán.
La independencia de la CPI es fundamental para garantizar su credibilidad y eficacia. Cualquier intento de socavar su autoridad o de influir en sus decisiones constituye una amenaza directa al orden internacional basado en el Estado de Derecho. Es por ello que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para proteger a la Corte de las presiones políticas.
¿Cómo podemos lograr este objetivo? En primer lugar, es necesario que los Estados Partes del Estatuto de Roma cumplan plenamente con sus obligaciones, cooperando con la Corte y respetando sus decisiones. En segundo lugar, la sociedad civil debe desempeñar un papel activo en la defensa de la CPI, denunciando cualquier intento de interferencia en su trabajo y exigiendo a sus gobiernos que apoyen a este tribunal. Por último, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar de manera objetiva y veraz sobre las actividades de la Corte, contribuyendo así a una mayor comprensión y apoyo público.
En conclusión, la Corte Penal Internacional es un instrumento invaluable para la lucha contra la impunidad. Más aún que cumplimos más de 14 meses desde la invasión colonial de Israel a la Franja de Gaza, donde la estela de muerte, hambre y dolor ha acabado con la vida de más de 45 mil personas, en su mayoría población civil indefensa y ha provocado el desplazamiento forzoso de casi dos millones de palestinos dentro de este territorio asediado y bloqueado por tierra, mar y aire. La corte al emitir órdenes de arresto quiere asegurarse que comparezcan los mandos militares de los crímenes de guerra y lesa humanidad que el ejército israelí se encuentra cometiendo en Gaza y Cisjordania, las tácticas de dicho ejercicio constituyen crímenes de guerra que la Corte investiga y por ello es importante proteger su actuación imparcial.
Sin embargo, para lograr el objetivo de detener el inminente genocidio en Palestina y la desaparición de niños en Ucrania por parte del régimen Ruso, necesitamos la supervivencia y eficacia de la CPI, la que depende de nuestro compromiso colectivo con la justicia y la defensa de los derechos humanos. Es hora de reafirmar nuestro apoyo a la CPI y de garantizar que pueda cumplir plenamente su mandato. Nos jugamos el futuro del sistema internacional de derecho humanos en su subsistencia.
Escrito por Por Rodolfo Marcone- Lo Presti, abogado con un doctorando en Filosofía del derecho, M.U en Derecho, Empresa y Justicia; M.U en Derecho Constitucional, Universidad de Valencia, España.
