La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya ha iniciado este lunes, una serie de audiencias públicas para emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones legales de Israel hacia las Naciones Unidas y sus agencias en los territorios palestinos ocupados. Este procedimiento responde a una solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene como objetivo clarificar las responsabilidades de Israel en relación con la entrega de ayuda humanitaria en la región, en un contexto de creciente sufrimiento y violaciones de derechos humanos en Palestina.
En su intervención, Elinor Hammarskjöld, asesora jurídica del Secretario General de la ONU, António Guterres, subrayó que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar la seguridad de los trabajadores médicos y facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias para proteger las vidas de los civiles palestinos. Según Hammarskjöld, esta responsabilidad incluye la gestión de las zonas bajo su control de acuerdo con el derecho internacional y la protección del personal de la ONU que opera en los territorios ocupados, algo que ha sido claramente obstaculizado por las políticas israelíes.
Una de las principales preocupaciones planteadas ante la CIJ fue la suspensión de las operaciones de la UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina), una acción que, según la ONU, podría representar una extralimitación por parte de Israel y una violación de los compromisos internacionales. Esta decisión ha obstruido los esfuerzos humanitarios vitales y ha dificultado la entrega de asistencia a millones de palestinos, quienes dependen de esa ayuda para sobrevivir a las consecuencias de la ocupación prolongada y la violencia sistemática.
A lo largo de la audiencia, el embajador palestino en los Países Bajos, Ammar Hijazi, destacó las condiciones extremadamente difíciles que enfrenta el pueblo palestino bajo la ocupación israelí. Según Hijazi, durante los últimos meses, Israel ha impedido la entrada de alimentos, agua, medicamentos y combustible a la Franja de Gaza, lo que ha causado un sufrimiento extremo y ha afectado gravemente la vida de miles de civiles, incluidos niños. En su intervención, Hijazi hizo un llamado urgente a la Corte Internacional de Justicia para que emita una opinión que declare ilegal la ocupación de los territorios palestinos y exija el fin de las políticas israelíes que obstruyen la entrada de ayuda humanitaria esencial.
Hijazi también señaló que Palestina presentará pruebas ante la Corte sobre las consecuencias devastadoras de las acciones de Israel, las cuales, según los palestinos, constituyen violaciones flagrantes de sus derechos fundamentales, como la libre determinación, la prohibición del desplazamiento forzado y el uso del hambre como arma de guerra. Además, Palestina argumentará que las políticas israelíes en los territorios ocupados buscan una anexión permanente de las tierras palestinas y dificultan seriamente la posibilidad de alcanzar una paz duradera y justa para ambas naciones.
Las audiencias de la CIJ, que se extenderán hasta el 2 de mayo de 2025, están siendo seguidas de cerca por la comunidad internacional, con 44 países y varias organizaciones internacionales que han manifestado su interés en participar en los procedimientos. La resolución que dio inicio a este proceso fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre pasado, a propuesta de Noruega, reflejando la creciente preocupación global por la situación en Palestina.
En las próximas semanas, se espera que la Corte emita su opinión, que podría tener implicaciones significativas no solo para la resolución del conflicto, sino también para la protección de los derechos humanos y el futuro de los palestinos en los territorios ocupados.
